Hace un par de días tuve la ocasión de conocer a un calpino octogenario, hijo de un represaliado del franquismo. No vive en Calp, de hecho no ha disfrutado de vida adulta en Calp, pero aún considera a este pueblo como suyo a pesar de las distancias. Me confesó el anciano, sin rencor, que sobre él pesaba una condena administrativa aviesa, una muerte simbólica que pretendía redimir por dignidad:
«Tengo que subir a Calpe para arreglar papeles y no encuentro el momento de hacerlo por mi edad.»
A través de su testimonio supe que, acabada la guerra en el 39 y restituido el orden triunfal en las cosas públicas, el juez de paz local había tenido a bien cruzar con líneas rojas determinados asientos de los libros del Registro Civil. En diecisiete casos, indicó. Entre ellos el suyo.
Con esa tinta justiciera habían quedado anuladas las inscripciones de nacimiento de algunos niños que, en aquellas fechas siniestras de confrontación, apenas contarían con pocos meses o años de vida. Culpables de inocencia en el juicio postrero de los actos paternos, estos niños de la guerra sufrieron, entre distintos despojos, el legal o administrativo, que resulta una forma alegórica de no existir. Algo habría que hacer al respecto por justicia democrática, aunque sea en el modo testimonial de una reinscripción.
Más allá de ajustes de cuentas y odios viejos, las líneas rojas siempre han sido utilizadas por el poder para marcar los territorios que considera prohibidos de pisar. La prepotencia, hija de la ignorancia y en ocasiones pariente de la maldad, amenaza siempre, aunque luego justifique sus torpezas con criptogramas que nadie llega a interpretar. En esos confines de color rojo o quizá azul se dirimen los castigos ejemplares a quienes osan transgredir ese terreno de cobardes. Pocos trazos disuasorios sobrepasan los que tienen algo que perder o que ocultar, los que temen represalias o una condena social que vendrá dictada por el ordeno y mando de la superioridad.
Sin embargo, no hay peor línea roja que la que trazamos delante de nosotros mismos como límite autoimpuesto a nuestra libertad de ser y expresar. En esa frontera se unen la prudencia y los temores que acaban convertidos en silencio e inacción, en una actitud que nos obliga a pasar desapercibidos ante las causas generales para no molestar a nadie, para no granjearnos enemigos, para no dejar cerradas las puertas que un día pudieran abrirse a la hora de pedir. La falta de una conciencia cívica reivindicativa siempre ha propiciado los abusos y desmanes de los pobres idiotas que se sienten poseedores de algún gramito de autoridad.
Parece ser que mi nuevo amigo ochentón recibió dos décadas atrás una suerte de certificado de nacimiento para salir del paso, expedido por el Juzgado de Paz de Calp. Con ese documento pudo dar cauce burocrático a los papeles de su jubilación. Con ese mismo título podría haber puesto punto final también al último capítulo de la memoria de ese padre que jamás conoció. Pero él no puede dar archivo al caso porque le duelen esas líneas rojas sobre el impreso que justifica civilmente su presencia en este mundo. Subirá a Calp, acompañado de su familia, para intentar corregir el agravio. Es cuestión de dignidad. Existen asuntos que como obligaciones morales sabemos que están pendientes y que necesitan de nuestra acción. Son impulsos de decencia que, sin respuesta decidida, no nos dejan vivir en paz.